El lector aquí encontrará el texto publicado por la mesa de negociaciones de la Habana, titulado "Borrador Conjunto, sobre el Punto 2. Participación Política". Lo presentamos a su consideración, como un aporte a la divulgación y promoción de los acuerdos construidos entre el gobierno del Señor Presidente Juan Manuel Santos y la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo, FARC-EP.
Borrador Conjunto
2. Participación política: Apertura democrática para construir
la paz.
El Gobierno Nacional y
las FARC-EP consideran que:
La construcción y
consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una
ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario
político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes
problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la
representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las
debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante
ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas
para forjar la paz.
La construcción de la
paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de
todos sin distinción y, por eso, es necesario concitar la participación y
decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito,
que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a
Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación,
atendiendo el clamor de la población por la paz. Esto incluye el
fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el
robustecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio de
participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo, y para que vigorice y
complemente la democracia.
La firma e
implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización
de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción
de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a
fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías
plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos
espacios para la participación.
Para consolidar la paz,
es necesario garantizar el pluralismo facilitando la constitución de nuevos
partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático,
y tengan suficientes garantías para el ejercicio de la oposición y ser
verdaderas alternativas de poder. La democracia requiere, en un escenario de
fin del conflicto, un fortalecimiento de las garantías de participación
política.
Para la consolidación
de la paz se requiere así mismo la promoción de la convivencia, la tolerancia y
no estigmatización, que aseguren unas condiciones de respeto a los valores
democráticos y, por esa vía, se promueva el respeto por el opositor político.
Esas garantías suponen,
por una parte, una distribución más equitativa de los recursos públicos
destinados a los partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia del
proceso electoral, que requiere de una serie de medidas inmediatas
especialmente en las regiones donde aún persisten riesgos y amenazas, así como
de una revisión integral del régimen electoral y de la conformación y las
funciones de las autoridades electorales.
Y por otra parte, el
establecimiento de unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición
política
La revisión y
modernización de la organización y del régimen electoral debe propiciar una
mayor participación de la ciudadanía en el proceso electoral. Una mayor
participación electoral requiere adicionalmente de medidas incluyentes que
faciliten el ejercicio de ese derecho, en especial en zonas apartadas o
afectadas por el conflicto y el abandono.
La construcción de la
paz requiere además de la movilización y participación ciudadana en los asuntos
de interés público, y en particular en la implementación del presente Acuerdo.
Eso supone, por una parte, el fortalecimiento de las garantías y las
capacidades para que los ciudadanos, asociados en diferentes organizaciones y
movimientos sociales y políticos, desarrollen sus actividades y de esa manera
contribuyan a la expresión de los intereses de una sociedad pluralista y
multicultural por diferentes medios, incluyendo la protesta social.
Por otra parte que se
asegure que Ja participación ciudadana, en la discusión de los planes de
desarrollo, de las políticas públicas y en general de los asuntos que atañen a
la comunidad, incida efectivamente en las decisiones de las autoridades y
corporaciones públicas correspondientes. De esa manera la participación
ciudadana se convierte en un verdadero complemento y al mismo tiempo en un
mecanismo de control del sistema de representación política y de la
administración pública.
La promoción tanto del
pluralismo político como de las organizaciones y movimientos sociales y, en
general, del debate democrático, requiere de nuevos espacios de difusión para
que los partidos, organizaciones y las comunidades que participan en la
construcción de la paz, tengan acceso a espacios en canales y emisoras en los
niveles nacional, regional y local.
Adicionalmente, la construcción
de la paz requiere que los territorios más afectados por el conflicto y el
abandono, en una fase de transición, tengan una mayor representación en el
Congreso de la República para asegurar la inclusión política de esos
territorios y sus poblaciones, así como la representación de sus intereses.
De igual manera, es
necesario crear las condiciones y dar las garantías para que las organizaciones
alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos políticos, que
participen activamente en la conformación, ejercicio y control del poder
político, para que sus propuestas y sus proyectos puedan constituirse en
alternativa de poder.
Para cumplir con todo
lo anterior, se harán las revisiones y los ajustes institucionales necesarios
que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los
sectores políticos y sociales, y de esa manera, hacer frente a los retos de la
construcción de la paz.
2.1.
Derechos y garantías
plenas para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular
para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final.
Acceso a medios de comunicación.
2.1.1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición
política en general.
El ejercicio de la
política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político
y electoral, razón por la cual la generación de espacios para la democracia y
el pluralismo en Colombia requiere del reconocimiento tanto de la oposición que
ejercen los partidos y movimientos políticos, como de las formas de acción de las
organizaciones y los movimientos sociales y populares que pueden llegar a
ejercer formas de oposición a políticas del gobierno nacional y de las
autoridades departamentales y municipales.
En esa medida, la
definición de las garantías para la oposición requiere distinguir entre la
oposición política ejercida dentro del sistema político y de representación, y
las actividades ejercidas por organizaciones o movimientos sociales y populares
que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del Gobierno
Nacional y de las autoridades departamentales y municipales.
Para los partidos y
movimientos políticos que se declaren en oposición las garantías estarán
consignadas en un estatuto para su ejercicio, mientras que para las
organizaciones y movimientos sociales y populares antes mencionados es
necesario, no sólo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades,
incluyendo el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los
espacios para que tramiten sus demandas.
2.1.1.1. Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición
política.
El ejercicio de la
oposición política es pieza fundamental para la construcción de una democracia amplia,
la paz con justicia social y la reconciliación nacional, aún más luego de la
firma de un Acuerdo Final que abrirá espacios para que surjan nuevos partidos y
movimientos políticos que requerirán garantías plenas para el ejercicio de la
política.
Tras la firma del
Acuerdo Final*, los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica, serán convocados en una Comisión para definir los lineamientos del
estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren
en oposición. Adicionalmente, se convocarán a este escenario de discusión otras
agrupaciones políticas representativas de oposición, según lo acuerden las
Partes. La Comisión a través de
un evento facilitará la participación de voceros de las organizaciones y
movimientos sociales más representativos, expertos y académicos, entre otros. Sobre
la base de estos lineamientos el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley
con el acompañamiento de delegados de la Comisión de partidos y movimientos
políticos.
* En la discusión del 6
punto de la agenda se definirá la línea de tiempo y medidas de control para la
realización de lo acordado.
2.1.2. Garantías de seguridad para el ejercicio de la política.
Como parte de una
concepción moderna, cualitativamente nueva, de la seguridad que, en el marco
del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la
promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores
democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de
quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación
de la confrontación armada se transformen en opositores políticos y que por
tanto deben ser reconocidos y tratados como tales, el Gobierno Nacional
establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la
Política.
En un escenario de fin
del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el
ejercicio de la política y así encauzar por los canales de la democracia la
resolución de las diferencias y los conflictos, contribuyendo de manera
decisiva a la creación de un clima de convivencia y reconciliación.
El Sistema Integral de
Seguridad se concibe en un marco de garantías de los derechos y libertades y
busca asegurar la promoción y protección de la persona, el respeto por la vida
y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia.
Este nuevo Sistema
Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política debe contribuir a crear
y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que
dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier
forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus
actividades políticas, de libre opinión o de oposición. Se adoptarán
previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que, bajo
cualquier excusa, vayan en contra de los objetivos del sistema que son la
protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización
por razón de sus ideas y actividades políticas.
El nuevo Sistema
Integral fomentará dentro de las instituciones del Estado, de los partidos y
movimientos políticos, de las organizaciones y movimientos sociales y las
comunidades en general, la promoción de una cultura de respeto por la
diferencia y el interés por la prevención de la violencia contra quienes
ejercen la política.
El Sistema Integral de
Seguridad para el Ejercicio de la Política contará con un robusto mecanismo de
control interno que garantice la idoneidad de los funcionarios y permita
prevenir y, de ser el caso, sancionar cualquier conducta en contra de los
derechos de las personas que está llamado a proteger.
El Sistema Integral de
Seguridad para el Ejercicio de La política estará estructurado en consonancia
con una concepción de la seguridad que tiene como centro la persona, se basa en
los principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los
pueblos, y que permite articular las medidas de seguridad con las medidas de
desarrollo y bienestar individuales y colectivas contempladas en el presente
acuerdo.
Adicionalmente, el
Gobierno fortalecerá, concentrará y desplegará su máxima capacidad
institucional para prevenir, desarticular y neutralizar, con un enfoque
multidimensional, cualquier posible fuente de violencia contra quienes ejercen
la política, y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que no resurjan
grupos de tipo paramilitar (ver punto 3).
* Las garantías de seguridad
y el Sistema Integral de Seguridad serán complementadas y totalmente definidas
en el desarrollo del punto 3.
2.1.2.1. Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la
Política
Bajo los preceptos
anteriormente expresados, et Gobierno Nacional pondrá en marcha un Sistema
Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, entendiendo la
seguridad como valor democrático y bajo la perspectiva del humanismo, que debe
inspirar la actuación del Estado. El Sistema debe servir de garantía efectiva
de los derechos y libertades de quienes están ejerciendo la política en el
marco de reglas democráticas.
El sistema tendrá los
siguientes elementos:
a. Adecuación normativa e institucional:
· Creación de una
instancia de alto nivel que:
o
Ponga
en marcha un Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política y que garantice
la articulación, funcionamiento y supervisión del mismo.
o
Esta
instancia dependerá de la Presidencia de la República y establecerá mecanismos
de interlocución permanente con los partidos y movimientos políticos,
especialmente los que ejercen la oposición, y el nuevo movimiento que surja del
tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. Los mecanismos
incluirán, entre otros, un sistema de planeación, información y monitoreo, y
una comisión de seguimiento y evaluación (ver literal d).
o
Esta
instancia supervisará el funcionamiento del sistema y servirá como eje
articulador con otras instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo,
la Fiscalía y la Procuraduría.
· Revisión del marco
normativo para elevar el costo de los delitos contra quienes ejercen la
política.
· Fortalecimiento de las
capacidades investigativas y de judicialización para procesar a quienes atenten
contra quienes ejercen la política. Se adelantará un proceso de especialización
en la etapa de investigación y acusación para elevar las capacidades
institucionales para combatir la impunidad.
b. Prevención:
· Sistema de Alertas
Tempranas:
o
El
sistema debe tener enfoque territorial y diferencial.
o
El
Estado dispondrá de la
financiación suficiente para el funcionamiento adecuado e integral de este Sistema de Alertas Tempranas.
· Despliegue preventivo
de seguridad:
o
Concepto
de control territorial integral que incluya la vinculación de los ciudadanos en
las regiones para coadyuvar en la protección de quienes ejercen la actividad
política, en el marco del proceso de construcción de la paz.
· Sistema de coordinación
incluyente y auditable.
c. Protección:
· Programa de protección
especializada para los miembros del nuevo movimiento político que surja del
tránsito de las FARC·EP a Ja actividad política legal que sea concertado entre
las FARC-EP y el Gobierno Nacional.
· Protección
especializada, sobre la base de una evaluación de riesgo, para las siguientes
personas: quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en
oposición política y líderes de partidos y movimientos políticos, con enfoque
diferencial y con presencia nacional y regional.
· La evaluación de
riesgos será definida con presteza y estará a cargo de una instancia dentro del
Sistema que proveerá los insumos para que el Gobierno tome las medidas
pertinentes. La instancia tendrá capacidades a nivel regional y local y contará
con representación del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las
FARC-EP a la actividad política legal, con el cual se coordinarán las
decisiones y las acciones.
· El Gobierno dispondrá
de los recursos necesarios para proteger la integridad de dirigentes que
participan en la actividad política.
d. Evaluación y seguimiento:
· Se creará un sistema de
planeación, información y monitoreo, con carácter interinstitucional y
representación de los partidos y movimientos políticos, que permita realizar
una evaluación de desempeño y de resultados, y a la vez ajustar la estrategia y
procedimientos para garantizar las condiciones de seguridad en el ejercicio de
la política. Dicho sistema tendrá acompañamiento permanente de organizaciones
humanitarias de tipo internacional que se acuerden con los nuevos partidos o
movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final y todos los demás
partidos y movimientos políticos que quieran participar.
· Rendición de cuentas a
través de informes públicos por parte de la instancia de alto nivel.
· Se creará una comisión
de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección y
de los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas
aquellas que amenacen et ejercicio de la política. La comisión contará con
representación de partidos y movimientos políticos.
· Se creará y pondrá en
marcha un comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes
ejercen la política y aquellos que atenten especialmente contra la oposición.
2.1.2.2. Garantías de seguridad para líderes de organizaciones y
movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
a. Adecuación normativa e institucional:
· Revisión del marco normativo
para elevar el costo de los delitos contra líderes de organizaciones y
movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
· Fortalecimiento de las
capacidades investigativas y de judicialización contra quienes atenten contra
líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
· Garantías para la
movilización y la protesta social, incluyendo la revisión del marco normativo.
b. Prevención:
· Sistema de alertas
tempranas.
· Despliegue preventivo
de seguridad.
· Sistema de
coordinación.
· Visibilizar la labor
que realizan los líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores
de derechos humanos.
c. Protección:
· Fortalecer el programa
de protección individual de los líderes de organizaciones y movimientos
sociales y defensores de derechos humanos que se encuentren en situación de
riesgo.
d. Evaluación y seguimiento:
· Un sistema de información
y monitoreo con carácter interinstitucional que permita realizar una evaluación
de desempeño y de resultados, ajustando la estrategia y procedimientos para
garantizar las condiciones de seguridad a líderes de organizaciones y
movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
· Rendición de cuentas a
través de informes públicos, una comisión de seguimiento y una auditoría
especial.
· Un comité de impulso a
las investigaciones por delitos contra líderes de organizaciones y movimientos
sociales y defensores de derechos humanos.
2.2.
Mecanismos democráticos
de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los
diferentes niveles y diversos temas.
2.2.1. Garantías para los movimientos y organizaciones sociales.
En atención al derecho
de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más variado
tipo; a formar parte de ellas y a difundir sus plataformas; a la libertad de
expresión y al disenso; al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o
social a través de la protesta y la movilización; y teniendo en cuenta la
necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos
y la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y público, se
adoptarán medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y
empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo
con sus repertorios y sus plataformas de acción social.
El Gobierno garantizará
los derechos políticos de los ciudadanos que como actores políticos se
encuentren organizados como movimientos y organizaciones sociales.
La participación
ciudadana en los asuntos de interés público, mediante la conformación y el
fortalecimiento de diferentes organizaciones y movimientos, es un pilar
fundamental de la construcción y el buen funcionamiento de la democracia.
Una sociedad
democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción de una
paz estable y duradera, en particular en el marco de la implementación del
presente Acuerdo. Por ello, resulta importante adoptar acciones para fortalecer
las organizaciones y movimientos sociales y, en especial, brindar garantías
para su participación e interlocución con las autoridades, respetando el
enfoque diferencial, sin detrimento del carácter universal que deben tener esas
garantías.
Todas las
organizaciones y movimientos sociales, incluidos los que surjan tras la firma
del presente Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los
deberes de participación ciudadana contemplados en el mismo.
Con estos propósitos,
el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de
la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las
organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de los siguientes
lineamientos que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que
contará con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos
sociales más representativos: * En la discusión del 6
punto de la Agenda se definirá la línea del tiempo y medidas de control, para
la realización de lo acordado.
· Garantizar el derecho
al acceso oportuno y libre a la información oficial en el marco de la
Constitución y la ley. (y los ajustes
normativos que se deriven del acuerdo) lo que está entre paréntesis queda
pendiente.
· Reglamentación del
derecho de réplica y rectificación, en cabeza de las organizaciones y movimientos
sociales más representativos, frente a declaraciones falsas o agraviantes por parte
del Gobierno Nacional.
· Realizar conjuntamente
con las organizaciones y movimientos sociales una caracterización y registro de
organizaciones sociales, formales y no formales, que se actualice periódicamente
para identificar, sin detrimento de su naturaleza y su autonomía, sus capacidades
y necesidades, y la existencia de redes y alianzas como base para el desarrollo
de la política pública o para la modificación de la misma.
· Apoyar, mediante
asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las organizaciones
y movimientos sociales. Sin perjuicio del principio de igualdad, se apoyará con
medidas extraordinarias a los más vulnerables.
· Por solicitud de las
organizaciones y movimientos sociales, agilizar la sistematización e intercambio
de experiencias exitosas de fortalecimiento de los mismos, y formarlos y capacitarlos
para el desarrollo de sus objetivos misionales, con el apoyo de otras organizaciones
y movimientos de similar naturaleza, cuando haya lugar.
· Fortalecer los
mecanismos de financiación de iniciativas y proyectos propios de las organizaciones
sociales, mediante concursos públicos y transparentes con veeduría ciudadana.
· Promover la creación de
redes de organizaciones y movimientos sociales que hagan visibles los
liderazgos y garanticen su capacidad de plena interlocución con los poderes públicos.
· Acceso a mecanismos de
difusión para hacer visible la labor y la opinión de las organizaciones y
movimientos sociales, que incluyan espacios en los canales y emisoras de interés
público.
· En las instancias de
participación ciudadana se ampliará y garantizará la representatividad de las
organizaciones y los movimientos sociales, el control ciudadano y la
interlocución con las autoridades locales, municipales, departamentales y
nacionales.
· Diseñar metodologías
que contribuyan a la efectividad e incidencia de las instancias de participación
e interlocución, incluyendo las que se establezcan de acuerdo con su propia naturaleza
(formal o informal) y especificidad. Dichas metodologías en especial asegurarán
mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de los acuerdos que surjan de
los escenarios de participación con las organizaciones y movimientos sociales.
· Poner en marcha
instancias de seguimiento y verificación del cumplimiento por parte de las
autoridades de las obligaciones, compromisos y garantías, en cuanto al
establecimiento, funcionamiento y eficacia de los espacios de participación
ciudadana y, en particular, de los de interlocución con las organizaciones y
movimientos sociales.
· Crear una herramienta
que permita valorar, hacer visible e incentivar la gestión de las autoridades
públicas, con respecto a la participación de las organizaciones y movimientos
sociales.
· Se garantizará el
intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las
organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, de acuerdo con
las particularidades de los diversos territorios.
· Promover la
construcción de agendas de trabajo locales, municipales, departamentales y
nacionales, según el caso, que permitan la atención temprana de las peticiones
y propuestas de los diferentes sectores que se realicen a través de las
organizaciones y movimientos sociales.
· Las autoridades locales
deberán atender de manera oportuna las peticiones y propuestas, y canalizarlas
según su competencia, con el fin de que sean atendidas de manera pronta y
eficaz.
El Gobierno Nacional
considerará y evaluará la viabilidad de propuestas de garantías adicionales que
surjan en el marco de ese espacio de participación de carácter nacional, en una
Comisión de Diálogo con voceros de las organizaciones y movimientos sociales
más representativos, escogidos a través de un mecanismo definido por los
organizadores. El mecanismo deberá ser participativo y garantizar una
representación pluralista y equilibrada en la Comisión.
El Gobierno Nacional y
las FARC-EP acordarán los organizadores, criterios y lineamientos para el
desarrollo de ese espacio de participación de carácter nacional, con el fin de
garantizar una representación pluralista y equilibrada.
2.2.2. Garantías para la movilización y la protesta.
La movilización y la
protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho
a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de
conciencia y a la oposición en una democracia. Su práctica enriquece la inclusión
política y forja una ciudadanía crítica, dispuesta al diálogo social y a la
construcción colectiva de Nación. Más aún, en un escenario de fin del conflicto
se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas,
incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia
pacífica. Junto con la movilización y la protesta se deberán garantizar los
derechos de los manifestantes y de los demás ciudadanos.
Los procesos de
democratización política y social, apuntalados en la mayor participación social
y popular, tenderán a la transformación estructural de la cultura política y
promoverán la recuperación del valor de la política.
Con el objetivo de
garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, el Gobierno definirá las
medidas y ajustes normativos necesarios con base en los criterios que abajo se
enuncian, y los demás que se acuerden en el marco de una comisión especial,
análoga en sus funciones a la dispuesta en el 2.2.1., que contará además con la
participación de los voceros de la Comisión de Diálogo y representantes de
otros sectores interesados. En el marco de la comisión especial se discutirán
los insumos que provengan del espacio de participación nacional del que se
trata en el punto anterior y los que propongan los otros sectores:
· Garantías plenas para
la movilización y la protesta como parte del derecho constitucional a la libre
expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la
civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades.
· Garantías a los
derechos de los manifestantes y de los demás ciudadanos.
· Garantías necesarias
para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la
protesta.
· Revisión y, de ser
necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la
protesta social.
· Garantías para la
aplicación y el respeto de los derechos humanos en general. Los disturbios se
tratarán con civilidad.
· Fortalecimiento de la
vigilancia y el control a Ja acción y los medios utilizados por las autoridades
para el tratamiento de este tipo de actividades.
· Garantías para el
diálogo como respuesta estatal a la movilización y la protesta, mediante el
establecimiento de mecanismos de interlocución y espacios de participación y,
cuando sea necesario, de búsqueda de acuerdos, dándole a la movilización y a la
protesta un tratamiento democrático; y mecanismos de seguimiento al
cumplimiento de los acuerdos. Se atenderá siempre a que las decisiones sean
para el bien común.
· Acompañamiento del
Ministerio Público en las movilizaciones y protestas como garante del respeto
de las libertades democráticas, cuando sea pertinente o a solicitud de quienes protestan
o de quienes se vean afectados.
El Gobierno en el marco
de la Política pública de fortalecimiento, promoción y garantías de la participación
de las organizaciones y movimientos sociales fortalecerá y ampliará las
instancias de participación ciudadana para la interlocución y la construcción
de agendas de trabajo locales, municipales, departamentales y nacionales, según
el caso, que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de
los diferentes sectores y organizaciones sociales.
2.2.3. Participación ciudadana a través de medios de comunicación
comunitarios, institucionales y regionales
Los medios de comunicación
comunitarios, institucionales y regionales, deben contribuir a la participación
ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades
étnicas y culturales, la inclusión política[1] y social, la integración
nacional y en general el fortalecimiento de la democracia. La participación
ciudadana en los medios comunitarios contribuye además a la construcción de una
cultura democrática basada en los principios de libertad, dignidad y pertenencia,
y a fortalecer las comunidades con lazos de vecindad o colaboración mutuos. Adicionalmente,
en un escenario de fin del conflicto, los medios de comunicación comunitarios, institucionales
y regionales, contribuirán al desarrollo y promoción de una cultura de participación,
convivencia pacífica, paz con justicia social y reconciliación.
Para avanzar en el
logro de estos fines, el Gobierno Nacional se compromete a:
· Abrir nuevas
convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las
zonas más afectadas por el conflicto, y así promover la democratización de la
información y del uso del espectro electromagnético disponible.
· Promover la
capacitación técnica de los trabajadores de los medios comunitarios, y la
formación y capacitación de comunicadores comunitarios y de operadores de
medios de comunicación, mediante procesos que busquen dignificar la libre
expresión y opinión.
· Abrir espacios en las
emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del
trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, y de las comunidades en
general, así como de contenidos relacionados con los derechos de
poblaciones vulnerables, con la paz con justicia social y la reconciliación, y
con la implementación de los planes y programas acordados en el marco de este
acuerdo.
· Financiar la producción
y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz con
justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés público y
comunitarios. La asignación se llevará a cabo mediante concursos públicos y transparentes
que contarán con mecanismos de veeduría ciudadana.
2.2.4. Garantías para la reconciliación, la convivencia, la
tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción
política y social en el marco de la civilidad.
En un escenario de fin
del conflicto, todos, incluidas las partes de este Acuerdo, deben contribuir a
avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia,
tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de
respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social, y
generar las condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los
derechos consagrados constitucionalmente.
Con ese objetivo el
Gobierno creará un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, el
cual estará integrado por representantes del Gobierno, el Ministerio Público,
los que designen los partidos y movimientos políticos, incluido el que surja
del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, organizaciones y movimientos
sociales, en particular de mujeres, campesinos, gremios, minorías étnicas, las
iglesias, el sector educativo, entre otros. El Consejo tendrá como función
asesorar y acompañar al Gobierno en la puesta en marcha de mecanismos y
acciones que incluyen:
· Diseñar y ejecutar un
programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, con
la participación de las entidades territoriales.
· Promoción del respeto
por la diferencia, la crítica y la oposición política.
· Promoción del respeto
por la labor que realizan en pro de la construcción de la paz y la
reconciliación, diferentes movimientos y organizaciones políticas y sociales.
· Promoción del respeto
por la labor que realizan las organizaciones sociales y de derechos humanos, en
particular aquellas que fiscalizan la gestión del gobierno y las que se opongan
a sus políticas.
· Capacitar a los
funcionarios públicos y a los líderes de las organizaciones y movimientos
sociales para garantizar la no estigmatización.
· Pedagogía y didáctica
del Acuerdo Final: impulso de programas de formación y comunicación para la
apropiación de este Acuerdo, en especial sobre los diseños de participación
política y social acordados. Se creará un programa especial de difusión que se
implementará desde el sistema de educación pública y privada en todos sus
niveles. Se garantizará la difusión del Acuerdo en todos los niveles del
Estado.
· Diseño y ejecución de
campañas de divulgación masiva de una cultura de paz, reconciliación,
pluralismo y debate libre de ideas en desarrollo de la democracia.
· Promover la
reconciliación, la convivencia y la tolerancia, especialmente en las
poblaciones más afectadas por el conflicto.
· Capacitar a
organizaciones y movimientos sociales, así como a funcionarios públicos en
cargos de dirección, en los niveles nacional, departamental y municipal, en el
tratamiento y resolución de conflictos.
· Creación de una cátedra
de cultura política para la reconciliación y la paz.
Se establecerán
Consejos para la Reconciliación y la Convivencia en los niveles territoriales,
con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades locales en la
implementación de lo convenido de tal manera que se atiendan las
particularidades de tos territorios.
2.2.5. Control y veeduría ciudadana.
La participación y el
control por parte de los ciudadanos son esenciales para asegurar la
transparencia de la gestión pública y el buen uso de los recursos; y para
avanzar en la lucha contra la corrupción y contra la penetración de estructuras
criminales en las instituciones públicas.
El control por parte de
los ciudadanos es aún más necesario en un escenario de fin del conflicto y
construcción de la paz, en el que será necesario hacer grandes inversiones para
cumplir con los objetivos del presente Acuerdo en todo el territorio nacional y
en especial en las zonas priorizadas.
Con el propósito de
promover y fortalecer el control por parte de los ciudadanos y la
democratización y mayor transparencia de la administración pública, el Gobierno
Nacional:
· Establecerá un plan de
apoyo a la creación y promoción de veedurías de ciudadanas y observatorios de
transparencia, con especial énfasis en el control por parte de los ciudadanos
en la implementación del presente Acuerdo. El plan se pondrá en marcha con el
concurso de organizaciones especializadas e instituciones de educación
superior, entre otros, que proveerán acompañamiento y asistencia técnica.
· Garantizará el apoyo al
plan nacional de formación de veedores que promocionen las comunidades.
· Creará mecanismos de
información, en el nivel local, regional y nacional, de fácil acceso, con el
fin de garantizar la publicidad y transparencia en la implementación de este
Acuerdo, como parte de un sistema de rendición de cuentas del Acuerdo.
· En el marco de un
programa especial para la eliminación y prevención de la corrupción en la
Implementación del presente Acuerdo, creará un mecanismo especial para la
atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los ciudadanos y las
organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción en general, con
énfasis en lo relacionado con la implementación de este Acuerdo.
· Promoverá una masiva
campaña institucional de divulgación de los derechos de los ciudadanos y de las
obligaciones y deberes de las autoridades en materia de participación y control
de la administración pública por parte de los ciudadanos, y los mecanismos administrativos
y judiciales a fin de exigir su efectivo cumplimiento.
· De la misma manera,
esta campaña contemplará la difusión de todos los mecanismos de participación y
control por parte de los ciudadanos, la manera como los ciudadanos pueden
participar de ellos y la importancia que tienen para una verdadera vida
democrática.
· Fortalecerá los
mecanismos de rendición de cuentas de todos los servidores públicos de elección
popular a nivel nacional, departamental y municipal, y otras entidades públicas
y empresas que presten servicios públicos domiciliarios. En especial se
promoverán instancias de diálogo en el marco de los espacios de participación
correspondientes.
· Vinculará a las
universidades públicas, a través de prácticas profesionales y de proyectos de
intervención en comunidad, a campañas masivas para la promoción de la
participación ciudadana y del control por parte de los ciudadanos.
* Se fortalecerá la figura del defensor comunitario o sus similares
en las Instancias del Ministerio Público en las regiones, como mecanismo para
empoderar a las comunidades (este tema se discutirá en el punto 5 de la Agenda).
2.2.6. Política para el fortalecimiento de la planeación
democrática y participativa.
La promoción de buenas
prácticas de planeación participativa es clave para la profundización de la
democracia en Colombia, en especial en el marco de la implementación del
presente Acuerdo en las regiones, que requerirá de la movilización y
participación activa y eficaz de la ciudadanía. Con el objetivo de
fortalecer la participación en la elaboración, discusión, seguimiento a la
ejecución y evaluación de los procesos de planeación y presupuestación, y
promover su incidencia en las decisiones administrativas, el Gobierno
Nacional se compromete a llevar a cabo las siguientes acciones:
a.
Revisar
las funciones y la conformación de los Consejos Territoriales de Planeación,
con el fin de:
· Ampliar la
participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo y en el
seguimiento a su ejecución y evaluación. Adoptar medidas para promover que la
conformación de Consejos Territoriales de Planeación garantice una
representación amplia y pluralista que se apoye entre otros en las redes, alianzas
y organizaciones económicas, sociales, culturales, ambientales, educativas y
comunitarias existentes. Estas últimas serán quienes designen sus
representantes en estas instancias.
· Garantizar la
participación de tos Consejos en la elaboración, discusión, seguimiento de la
ejecución y evaluación de los Planes. Se establecerán mecanismos para su
interlocución con las instancias de aprobación.
· Fortalecer la
participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de los
planes de desarrollo.
· Promover la
articulación entre las distintas instancias formales e informales de planeación
participativa.
· Hacer los ajustes
normativos necesarios para que los conceptos, pronunciamientos e informes de
monitoreo, realizados por las instancias de planeación participativa sean
respondidos por las autoridades públicas en espacios e instancias de diálogo e
interlocución.
· Asegurar que los
conceptos de los Consejos Territoriales de Planeación tengan prioritaria
atención por parte de las autoridades públicas.
· Fortalecer los espacios
de interlocución y rendición de cuentas entre las instancias de planeación
participativa y las organizaciones o sectores que representan para, entre
otros, garantizar el trámite de las iniciativas ciudadanas en materia de
planeación.
· Fortalecer las
capacidades técnicas de las instancias de planeación participativa.
· Promover la
participación de la mujer en los Consejos Territoriales.
b.
Prestar
asistencia técnica a las autoridades municipales y departamentales que lo
requieran, para la formulación participativa de distintas herramientas de
planeación.
c.
Hacer
una revisión integral y participativa del sistema de participación en los
procesos de planeación y, en particular, sobre:
· La articulación de las
instancias territoriales y nacionales de planeación.
· La composición y el
funcionamiento del Consejo Nacional de Planeación con el fin de garantizar una
representación amplia y pluralista.
· La efectividad del
sistema.
El Gobierno Nacional
hará los ajustes necesarios que se deriven del proceso de revisión, en todos los
niveles del sistema de participación en los procesos de planeación.
d.
Fortalecer
los diseños institucionales y la metodología con e! fin de facilitar la
participación ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas
públicas sociales como salud, educación, lucha contra la pobreza y la
desigualdad, medio ambiente y cultura. Para ello, el Gobierno Nacional
revisará, con la participación de los sectores interesados, las instancias y
procesos de participación sectorial y dará las instrucciones a las
instituciones respectivas para que ajusten su normatividad, organización y
funcionamiento.
e.
Fortalecer
y promover la construcción de presupuestos participativos en el nivel local con
el fin de:
· Promover la participación
de la ciudadanía en la priorización de una parte del presupuesto de inversión,
de tal manera que refleje las conclusiones de los ejercicios de planeación
participativa.
· Crear incentivos para la
formulación y ejecución de presupuestos participativos.
· Promover mecanismos de
seguimiento y rendición de cuentas a los ejercicios de presupuestos
participativos.
2.3.
Medidas efectivas para
promover una mayor participación en la política nacional, regional y local, de
todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones
y con garantías de seguridad.
2.3.1. Promoción del pluralismo político.
Con el objetivo de
promover el pluralismo político y la representatividad del sistema de partidos,
mediante la ampliación del ejercicio del derecho de asociación con fines
políticos y las garantías para asegurar igualdad de condiciones para la
participación de los partidos y movimientos políticos y, de esa manera, ampliar
y profundizar la democracia, el Gobierno desarrollará:
2.3.1.1. Medidas para promover el acceso al sistema político
En el marco del fin del
conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se removerán obstáculos y se
harán los cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos
obtengan y conserven la personería jurídica, y en particular para facilitar el
tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia
su constitución como partidos o movimientos políticos. Para ello se impulsarán
las siguientes medidas:
· Desligar la obtención y
conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos
del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso y, en
consecuencia, redefinir los requisitos para su constitución. Uno de estos será
el del número de afiliados.
· Diseñar un sistema de
adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según
su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional.
· El sistema incorporará
un régimen de transición por 8 años, incluyendo financiación y divulgación de
programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos
políticos de alcance nacional que irrumpan por primera vez en el escenario
político.
* En el punto 5 "Víctimas" de la Agenda del Acuerdo
General, se discutirá la siguiente propuesta de las FARC-EP: medidas de reparación y restitución de
derechos para aquellos partidos, que como en el caso de la UP hayan sido
afectados severamente por acciones violentas contra su militancia.
2.3.1.2. Medidas para promover la igualdad de condiciones en la
competencia política.
Con el fin de
establecer una distribución más equitativa de los recursos, se tomarán medidas
para:
· Incrementar el
porcentaje que se distribuye por partes iguales entre los partidos o
movimientos políticos con representación en el Congreso y aumentar el fondo de
financiación de partidos y movimientos políticos.
· Ampliar los espacios de
divulgación del programa político de los partidos o movimientos políticos con
representación en el Congreso.
2.3.2. Promoción de la participación electoral.
Con el objetivo de
promover una mayor participación electoral, el Gobierno Nacional impulsará,
junto con las autoridades competentes, las siguientes medidas:
· Promover campañas de
información, capacitación, pedagogía y divulgación, que estimulen la
participación electoral a nivel nacional y regional, con especial énfasis en
promover una mayor participación de poblaciones vulnerables y de territorios
especialmente afectados por el conflicto y el abandono.
· Realizar una campaña
nacional de cedulación masiva, con prioridad en las zonas marginadas de
los centros urbanos y en las zonas rurales, particularmente en las más
afectadas por el conflicto y el abandono.
· Apoyar la gestión que
la organización electoral adelante para estimular y facilitar la participación
electoral, en particular de las poblaciones más vulnerables y más apartadas
(rurales, marginadas, desplazados y víctimas), y en particular:
o
Promover
un ejercicio ampliamente participativo de diagnóstico de los obstáculos que
enfrentan estas poblaciones en el ejercicio del derecho al voto, y adoptar las
medidas correspondientes.
o
Adoptar
mecanismos para facilitar el acceso a los puestos de votación de las
comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas.
2.3.3. Promoción de la transparencia.
2.3.3.1. Medidas para la
promoción de la transparencia en los procesos electorales.
Con el objetivo de
promover una mayor transparencia electoral, el Gobierno Nacional garantizará, junto
con las autoridades competentes, la implementación de las siguientes medidas:
· Adelantar campañas de
prevención de conductas que atenten contra la transparencia de los procesos
electorales.
· Habilitar mecanismos
para facilitar las denuncias ciudadanas y crear un sistema para su seguimiento.
· Realizar una auditoría
técnica del censo electoral, que contará con el acompañamiento y participación
efectiva de los ciudadanos y de representantes de los partidos y movimientos
políticos.
· Conformar un tribunal
nacional de garantías electorales y tribunales especiales seccionales, en las
circunscripciones de mayor riesgo de fraude electoral. Las circunscripciones se
definirán de acuerdo con las denuncias y alertas que reciba la organización
electoral por parte de las autoridades, la ciudadanía, las organizaciones no
gubernamentales especializadas en la supervisión de procesos electorales y los
partidos y movimientos políticos, entre otras.
· Fortalecer la capacidad
de investigación y sanción de los delitos, las faltas electorales y la
infiltración criminal en la actividad política.
· Apoyar la adopción de
medidas para garantizar mayor transparencia de la financiación de las campañas
electorales.
· Apoyar la
implementación de medios electrónicos en los procesos electorales, con garantías
de transparencia.
· Promover la
participación de movimientos y organizaciones sociales o cualquier otra
organización ciudadana en la vigilancia y control de los procesos electorales.
· Promover procesos de
formación, educación y comunicación política en asuntos públicos.
2.3.3.2. Medidas de transparencia para la asignación de la pauta
oficial.
Con el fin de asegurar
la transparencia en la asignación de la publicidad oficial, de manera que no sea
utilizada con fines electorales, partidistas, de promoción personal o de
proyectos políticos, en especial en épocas electorales, el Gobierna Nacional
promoverá los ajustes necesarios en la normatividad para que la pauta oficial
en los niveles nacional, departamental y municipal se asigne de acuerdo con
unos criterios transparentes, objetivos y de equidad, teniendo en cuenta
también a los medios y espacios de comunicación locales y comunitarios.
Adicionalmente, la
normatividad debe asegurar que el gasto en la pauta oficial sea de conocimiento
público, mediante la publicación de informes detallados.
2.3.4. Reforma del régimen y de la organización electoral.
Con el objetivo de
asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral,
incluyendo del Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces,
y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera
dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones
y mejorar la calidad de la democracia, tras la firma del Acuerdo Final*, se
creará una misión electoral especial. La misión estará conformada por expertos
de alto nivel, que se seleccionarán según el mecanismo que acuerden las partes,
que en un plazo de hasta 6 meses presentará sus recomendaciones con base, entre
otros, en las buenas prácticas nacionales e internacionales y en los insumos
que reciba de los partidos y movimientos políticos y de las autoridades
electorales. Sobre la base de esas recomendaciones, el Gobierno Nacional hará
los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios.
* En la discusión del punto 6 de la Agenda se definirá la línea del
tiempo y medidas de control para la realización de lo acordado.
2.3.5. Promoción de una cultura política democrática y
participativa.
El fortalecimiento de
la participación política y social conlleva una necesaria transformación de la
cultura política existente en el país. Con el fin de ampliar y de robustecer la
democracia y de esa manera consolidar la paz, es necesario promover una cultura
política participativa, fundamentada en el respeto de los valores y principios
democráticos, la aceptación de las contradicciones y conflictos propios de una
democracia pluralista, y el reconocimiento y respeto por el opositor político.
Una cultura política
democrática y participativa debe contribuir a la igualdad entre los ciudadanos,
al humanismo, la solidaridad, la cooperación social y a dar un manejo
trasparente a la gestión pública proscribiendo las prácticas clientelistas y la
corrupción. Adicionalmente, debe fomentar el tratamiento de los conflictos a
través de los mecanismos que brinda la política, proscribiendo la violencia
como método de acción política.
Avanzar hacia una
cultura política democrática y participativa implica promover y garantizar el
valor y el significado de la política como vehículo para el cumplimiento de los
derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. Una cultura
política democrática y participativa debe contribuir a la mayor integración de
los sectores sociales más vulnerables, así como de los campesinos, las
comunidades indígenas y afrodescendientes y la población LGTBL. Para promover
una cultura democrática y participativa el Gobierno Nacional pondrá en marcha
las siguientes medidas:
· Promoción de los
valores democráticos, de la participación política y de sus mecanismos, para
garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo y así fortalecer el
ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, a través de campañas
en medios de comunicación y talleres de capacitación. Se hará especial énfasis
en las poblaciones más vulnerables así como en la población campesina, las comunidades
indígenas y afrodescendientes y la población LGTBI.
· Fortalecimiento de los
programas de educación para la democracia en los distintos niveles de
enseñanza.
· Promoción de programas
de liderazgo político y social para miembros de partidos y de organizaciones
sociales.
· Programa para la promoción
de la participación y liderazgo de la mujer en la política.
2.3.6. Promoción de la representación política de poblaciones y
zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono.
En el marco del fin del
conflicto y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas
especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia
institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas
poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y
ambientales, y también como una medida de reparación y de construcción de la
paz, el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de X
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total
de X Representantes a la Cámara de Representantes*, de manera temporal y por X
períodos electorales.
*No hay acuerdo en el número de períodos electorales.
Las Circunscripciones
contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos.
Igualmente, las
campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales. Se
establecerán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la
transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores.
Los candidatos en todo
caso deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que
hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Los candidatos
podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos u organizaciones de
la Circunscripción, tales como organizaciones de campesinos, víctimas (incluyendo
desplazados), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la
construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la
región, entre otros.
Los candidatos serán
elegidos por los ciudadanos de esos mismos territorios, sin perjuicio de su
derecho a participar en la elección de candidatos a la Cámara de Representantes
en las elecciones ordinarias en sus departamentos. Los partidos que cuentan con
representación en el Congreso de la República no podrán inscribir candidatos
para estas Circunscripciones.
La organización
electoral ejercerá una especial vigilancia sobre el censo electoral y la
inscripción de candidatos, garantizando que se cumplan las reglas establecidas.
* Salvedad: Independientemente de esta propuesta las FARC-EP mantienen su
propuesta de conformación de las Cámaras Territoriales.
2.3.7. Promoción de la participación política y ciudadana de la
mujer en el marco del presente Acuerdo.
El
Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen el importante papel que desempeñan
las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación
de la paz, y la necesidad de promover y fortalecer la
participación en la vida política de las mujeres, aún más en el marco del
fin del conflicto, donde su liderazgo y participación en pie de
igualdad en los procesos de toma de decisiones públicas, y en la formulación, ejecución,
evaluación y control de las políticas gubernamentales son necesarias y
esenciales para alcanzar una paz estable y duradera.
El
Gobierno Nacional y las FARC-EP rechazan cualquier forma de discriminación
contra la mujer y reafirman que el aporte de las mujeres como sujetos políticos en la vida
pública es vital para el fortalecimiento de la democracia y para el
mantenimiento y el fomento de la paz. En la implementación de todo lo acordado
en el punto 2 del presente Acuerdo* se garantizará el enfoque de género, y se
diseñarán y adoptarán las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la
participación y liderazgo de la mujer, y en general para
promover el cumplimiento de los anteriores propósitos. Lo
anterior sin perjuicio de fortalecer el cumplimiento de los compromisos internacionales
y las normas nacionales sobre el particular.
* En el punto 6 de la Agenda del Acuerdo General se establecerá un compromiso
en similares términos para la implementación de todo el Acuerdo.
*Este punto queda pendiente por ubicar: el Gobierno propone que se
ubique como 2.1.4 y las FARC-EP que se ubique en el 2.2.3
Acceso a medios
Creación
de un nuevo espacio para dar acceso a medios a los
partidos y movimientos políticos.
Como
complemento de lo acordado en el marco de los puntos 2.2 y 2.3 sobre acceso a
medios para organizaciones y movimientos sociales y para partidos y movimientos
políticos, respectivamente, el Gobierno se compromete a habilitar un canal
institucional de televisión cerrada orientado a los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica, para la divulgación de sus plataformas políticas, en
el marco del respeto por las ideas y la diferencia. Ese canal
también servirá para la divulgación del trabajo de las
organizaciones y movimientos sociales, la promoción de una cultura democrática
de paz y reconciliación, y la divulgación de los avances en la implementación
de los planes y programas acordados en el marco de este Acuerdo.
Se
establecerá una comisión con representantes de los partidos y movimientos
políticos y organizaciones y movimientos sociales más representativos para
asesorar en la programación del canal.
[1]
Por "inclusión política" se entiende la mayor
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. en el marco del
fortalecimiento de la
democracia, y no la propaganda o proselitismo político.
