viernes, 22 de febrero de 2013

¿Tenemos una clase política xenófoba e incompetente?



Los gobiernos de Unidad Nacional, han ignorado los derechos de los pueblos indígenas, en particular el derecho fundamental a la Consulta Previa. Como resultado de su acción ilegal y arbitraria la Corte Constitucional les declaró inexequibles la Ley Forestal, el Código de Minas, la Ley de Desarrollo Rural.
El actual gobierno, no ha tenido la voluntad, ni el liderazgo para asumir el tema. Los avances en esta materia se le deben a la Corte Constitucional, ni los gobiernos y menos el poder legislativo, han tenido dentro de sus prioridades el reconocimiento de los derechos de otras minorías, diferentes a los de la clase política.
Los indígenas llevan 20 años reclamando la reglamentación de este derecho, y los gobiernos han preferido dilatar e ignorarlos. Sin embargo, ahora ministros incompetentes y xenófobos, pretenden revictimizarlos, estigmatizándolos como un obstáculo para el desarrollo de la infraestructura y los proyectos extractivos.
¿Insinúan que deben renunciar a sus derechos?

Alternativa política colectiva vs. caudillismo




En Colombia existe una tradición política heredada de los partidos tradicionales, asumida por los partidos de izquierda y especialmente identifica a los sectores independientes, que es la personalización excesiva de los liderazgos políticos, conocida en otras épocas como el caudillismo. 
Las ideas políticas, las propuestas programáticas, las ideologías e incluso la ética pública, se han relativizado y debilitado, cuando hablamos de “el santismo”, “el uribismo”, “el fajardismo”, “el petrismo”, “el mockusianismo”, o en el mejor de los casos hablamos del “Partido Cambio Radical” para decir que es el proyecto político unipersonal de Germán Vargas Lleras.
Han perdido terreno en el lenguaje de los medios masivos de comunicación, y por ende de los colombianos del común, expresiones como el liberalismo, el conservatismo, el socialismo, eso denota una baja significativa en la cultura política de la sociedad. La política ya no debate qué tipo de sociedad se quiere o se requiere, sino se discute quién es el líder que nos va a salvar de la hecatombe social, ambiental y económica que nos ha sumido en el país más desigual y excluyente de América Latina.
La política ha dejado de ser la disciplina o el arte de analizar, reflexionar y conducir las sociedades, a través de propuestas y proyectos colectivos, para convertirse en apuestas por el triunfo de líderes carismáticos, que se convierten en ídolos y no asumen más compromisos que ser consecuentes con sus convicciones personales. Ha triunfado el individualismo, el mesianismo, y los ciudadanos creemos que la única responsabilidad política que tenemos es elegir bien. Eso es un avance frente al clientelismo y la corrupción que aún campea en el ejercicio de la política tradicional, pero no deja de ser inquietante el abandono de las ideas, las ideologías, los programas políticos como expresiones del deber ser de la sociedad.
Los colombianos ya no discutimos qué es lo que se requiere para salir de la crisis social y ambiental en qué estamos sumidos como sociedad, sino a quién seguimos, de quién somos fans, a quién debemos apoyar, casi con una fe ciega como cuando se es hincha de un equipo de fútbol.
En medio de este panorama, ha venido surgiendo un proyecto político que tiene como centro o eje fundamental las ciudadanas y los ciudadanos en igualdad de condiciones, donde no hay que seguir ciegamente lo que decida el “doctor” o el líder carismático, donde las decisiones se toman en colectivo, descentralizadas y de forma democrática, según reglas acordadas con antelación.
Ese proyecto político surgió hace 21 años, en la comunidad de Yaguará, en el municipio de Ortega, en el departamento del Tolima. Hoy tiene muchos líderes en más de 500 municipios de 28 departamentos, tiene 2 congresistas, 14 diputados, 21 concejales de ciudad capital, y cuenta con un total de 754 concejales. Para más pistas tiene 3 gobernaciones propias, 3 gobernaciones en coalición.
Su principal preocupación es el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de los colombianos y colombianas, no esta entré los partidos de la mesa de la unidad nacional, y tampoco está en la oposición.
Ha potenciado y facilitado la participación en política de académicos como los profesores Antanas Mockus y Sergio Fajardo; y su apuesta es por lograr que las mejores ciudadanas y ciudadanos participen en la política municipal, departamental y Nacional. Hoy busca potenciar nuevos liderazgos en los departamentos y el distrito capital, para representar a un proyecto político colectivo en el Congreso de la República.
ASÍ se cambia la política.


Legislar en beneficio propio: Regla o Excepción?


Aun cuando la ley busca permitir que el Dr. Germán Vargas Lleras, pueda ser el senador que necesita el Presidente Santos, y seguir repartiendo las casitas para su campaña presidencial del 2018.
Hecho que generaría el mayor escándalo y repudio de una opinión publica informada y formada en los principios de la democracia, constituyen un nuevo ejemplo de cambio de las reglas de juego por la mitad de la partida, como ya lo hizo el ex-presidente para quedarse un periodo más, e intento volverlo hacer con la benevolencia de la llamada opinión pública.
Se imaginan cada vez que el gobierno quiera tramitar un proyecto de ley, la siguiente expresión: “Ministro la bancada del partido vota su iniciativa, a cambio de su puesto o de una embajada en Europa.”
Claro que si el gobierno presenta la iniciativa, el congreso la aprueba de inmediato.

El nuevo umbral electoral: ¿exclusión política o discriminación racial?

Estamos ante un verdadero “partidicidio” que golpeará a las minorías políticas y- sobre todo- a las minorías étnicas. Pero el Estatuto de la Oposición podría preservar su presencia política y el gobierno Santos tiene la palabra.


Muerte anunciada

Mientras en las conversaciones de La Habana se llega al tema de los mecanismos de participación política y de las garantías para que las FARC  — y seguramente también el ELN — dejen las armas y se vinculen a la vida democrática, resulta oportuno que los analistas, los medios de comunicación y la sociedad en general revisen el comportamiento asumido de la coalición mayoritaria en el Congreso - la Mesa de Unidad Nacional-: existe evidencia de comportamientos antidemocráticos y excluyentes frente a las minorías políticas y, más todavía, frente a las minorías étnicas.

 
Miguel Galvis umbral electoral partidosFernando Carrillo trabaja en una fórmula que ofrezca una alternativa para que el Polo y Mira, entre otros, no desaparezcan en las elecciones de 2014. 
Foto: www.portalterritorial.gov.co 

Durante las primeras semanas del año se ha hecho pública la preocupación de los partidos políticos pequeños frente a la reforma política establecida en elActo Legislativo 01 de 2009, que elevó el umbral al 3 por ciento.
Una primera revisión de las cifras indicaría que están en peligro de desaparecer:
  • el Partido Verde, sin sus grandes electores Mockus y Fajardo;
  • el Polo Democrático Alternativo (PDA), sin el arrastre o la maquinaria electoral asociados con  la Alcaldía Mayor de Bogotá;
  • el propio “grupo significativo de ciudadanos o Movimiento Progresistas que eligió al alcalde Petro;
  • Cambio Radical, si el ministro Vargas Lleras no encabeza su lista al Senado.
  • el movimiento MIRA.
El gobierno nacional — por intermedio del ministro del Interior, Fernando Carrillo —trabaja en una fórmula que pueda ser incluida en el Estatuto de la Oposición y que ofrezca una alternativa para que estas colectividades no desaparezcan en las elecciones de 2014, evitando que se cometa un auténtico partidicidio.

Cambio en las reglas de juego

Sin embargo resulta intrigante que nadie se haya pronunciado sobre la proscripción de los partidos y movimientos de origen étnico: ni quienes se consideran guardianes de la Constitución de 1991 y de la democracia participativa, ni los representantes del ámbito multiétnico y pluricultural, ni los intelectuales, ni los demócratas a secas, ni los medios de comunicación.

La ley 1475 de 2011, “por medio de la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, propinó un baculazo mortal a estas colectividades políticas en su artículo 28, inciso segundo:  “Los partidos y movimientos con personería jurídica podrán inscribir candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones públicas de elección popular, excepto para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de minorías étnicas” (énfasis añadido).

Eso significa que los partidos y movimientos — que hoy tienen personería jurídica otorgada por el Consejo Nacional Electoral por contar con un congresista elegido por las circunscripciones de minorías étnicas — si aspiran a seguir existiendo deben lanzar candidatos al Senado y a la Cámara de Representante y superar el umbral del 3 por ciento, objetivo que hoy no parecen lograr ni el PDA, ni MIRA, ni Cambio Radical ni el Partido Verde.
Me refiero concretamente a los siguientes partidos y movimientos políticos:
  • el Partido Alianza Social Independiente (ASI);
  • Autoridades Indígenas de Colombia (AICO);
  • el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO);
  • el Movimiento Político Afrovides.
No dudo en calificar este partidicidio como un acto de discriminación por parte del Estado colombiano en contra de las minorías étnicas: para los partidos de origen indígena significa terminar con una valiosa experiencia — de 20 años en el caso de la Alianza Social Independiente (ASI) y de 14 años en el caso de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).  No pasa igual con los afrocolombianos: han creado varios partidos fugaces y profundamente infiltrados por la parapolítica.

Contra la discriminación racial

La “Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial”, adoptada el 21 de diciembre de 1965 y ratificada por Colombia el 2 de septiembre de 1981, define con precisión los hechos o actos de discriminación racial:
 Miguel Galvis umbral electoral SenadoLos partidos y movimientos si aspiran a seguir existiendo deben lanzar candidatos al Senado y a la Cámara de Representante y superar el umbral del 3 por ciento.  
Foto: www.noticiascolombia.org
 
“En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.”

Sobre este particular corresponde conceptuar al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y al Relator Especial sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y formas conexas de intolerancia, del sistema de derechos humanos de la ONU.

El gobierno colombiano deberá justificar su actuación frente a esta situación que raya en la discriminación racial.

Buen precedente

Cuando este tema se ponga sobre la palestra en medio de los diálogos de La Habana, se recordará cómo el partido Alianza Social Indígena (hoy Alianza Social Independiente -ASI) fue la plataforma que permitió participar y expresarse a los desmovilizados del grupo de autodefensa indígena “Manuel Quintín Lame”: suscribieron un acuerdo de paz con el gobierno, se desmovilizaron, participaron en la Asamblea Nacional Constituyente y promovieron democráticamente sus proyectos políticos desde la ASI, junto con otros sectores sociales y políticos que se integraron como cofundadores.Podría decirse que tras veinte años de una desmovilización exitosa, una reforma política a hurtadillas los dejará por fuera del juego democrático, borrando del mapa político, su experiencia, su historia y su tradición.

Se trata sin duda de un acto de intolerancia de parte de los partidos mayoritarios, pues les incomoda que expresiones políticas diversas se hayan venido consolidando como proyectos  construidos desde lo municipal a lo nacional.

La ASI nació hace veinte años: logró elegir concejales y alcaldes en pequeños municipios de categoría 6 y 5.  En las pasadas elecciones departamentales y municipales, obtuvieron los siguientes resultados:
  • 3 gobernaciones propias (Cauca, Guaviare y Vichada),
  • otras 3 gobernaciones en coalición (Chocó, Caldas y Nariño);
  • 2 más, apoyadas por la ASI, pero sin compromiso alguno (Antioquia y Atlántico);
  • 19 diputados;
  • 21 concejales de ciudad capital;
  • 54 alcaldes;
  • 754 concejales.
Este proyecto político está representado en el Congreso por el senador Indígena Marco Aníbal Avirama y por el representante por Antioquia Juan Manuel Valdés. Tiene mejor organización y más presencia política que el Polo Democrático Alternativo o que el Partido Verde.

Evitar la exclusión

Sería de esperar que la ASI supere el umbral del 3 por ciento, con la suma de las votaciones de cámara de representantes en el 2014, con más holgura que cualquier otra expresión de las denominadas minorías políticas. Sin embargo, la amenaza de exclusión política debilita la democracia y niega la representación de la Colombia diversa, multiétnica y pluricultural.

El Congreso ha legislado pensando en los pequeños intereses de sus integrantes y no en la construcción de una sociedad democrática. Ha buscado concentrar el poder en partidos fuertes, excluyendo del juego a los sectores minoritarios que también hace parte de la sociedad colombiana.

El gobierno nacional deberá apersonarse efectivamente del tema de la participación de los partidos de las minorías étnicas en la reforma del Estatuto de la Oposición.

ir a revista RAZÓN PÚBLICA.com

El Uribismo no aceptó perdida de elecciones.


El Puro Centro Democrático es decir lo más rancio de la ultra derecha, no acepta que un exguerrillero del M-19, los derrotó en las urnas y están preocupados que el Alcalde Petro pueda realizar una buena administración y potenciarse como alternativa de poder nacional para el año 2018.
Son los mismos que se oponen al proceso de paz, defienden un modelo económico, un modelo de ciudad y de administración pública subordinado a los intereses de los grandes capitales nacionales e internacionales. Con el debate a la administración distrital por uno de sus delfines, se irán desenmascarando sus reales intereses.
En una encuesta que realicé en Facebook encontré que 88% de mis contactos o amigos apoyan a la administración y la mayoría de quienes lo descalifican lo hacen tildándolo de “ser terrorista disfrazado” o “ex guerrillero”. Esta es una realidad que debe enfrentar el proceso de paz con las FARC.
Apoyo a Petro.

Tres hitos que definen el rumbo de la Nación en el 2013.


1. El expresidente Uribe es inhabilitado para ocupar cargos públicos por 40 años, por el cúmulo de delitos que cometieron personas de su administración, en contra de la oposición, la rama judicial y la prensa independiente; así como por la entrega del DAS, el INCODER y el SUPERNOTARIADO, a fuerzas ilegales que orquestaron el mayor despojo de tierras de la historia reciente. También, por propiciar la cultura de la ilegalidad favoreciendo a sus exfuncionarios fugitivos y el no acatamiento de los fallos de los órganos nacionales e internacionales de justicia.
2. Se define sí el Ministerio de Minas sigue reglamentando los aspectos ambientales a favor de la locomotora minera, o el Ministro de Ambiente y el actual gobierno retoma el liderazgo y defiende los derechos de las futuras generaciones de colombianos.
3. Se declara la terminación del conflicto armado y se establece una década para la construcción de la paz duradera y estable.

¿Revocaría a Petro o al Congreso?



La política colombiana luego de 20 años, acude a los mecanismos de participación ciudadana, como espacio de confrontación política. Estos mecanismos que la asamblea nacional constituyente, los incluyó como instrumentos fundamentales para superar la “democracia representativa” e ingresar a la era de la “democracia participativa”, fueron reglamentados y recortados por el Congreso de la República, a través de la ley 134 de 1994.
Es así como la Constitución, en su artículo 103 define como mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su poder soberano: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
Hoy existen dos iniciativas que convocan a los ciudadanos a participar y expresar su voluntad, ellas son:
La primera iniciativa, denominada “Revoquemos el Congreso”, es un Referendo Constitucional, que pretende la aprobación de un Acto Legislativo que modifica la Constitución, creando un artículo nuevo y dos parágrafos, así:
 “Artículo 184-A. El pueblo tiene la facultad de revocar a los congresistas en cualquier momento de su período constitucional, por insatisfacción general de la ciudadanía, con fundamento en lo establecido en el artículo 133 de la Constitución.
Parágrafo 1º. Una vez aprobada la revocatoria, se dará lugar a nuevas elecciones que deberá llevarse a cabo dentro de los 60 días siguientes.
Parágrafo 2º. No podrán ser candidatos en las nuevas elecciones los congresistas revocados.
Para hacer que esta iniciativa sea sometida a la consideración de los colombianos el Comité Promotor deberá recoger 1.586.510 firmas de apoyo a la iniciativa, y tienen como plazo el mes de junio para entregarlas a la Registraduría Nacional.
En Segunda iniciativa, presentada por el Representante a la Cámara del Partido de Unidad Nacional, Miguel Gómez Martínez, es una Revocatoria del Mandato al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. Para revocar al alcalde se necesitan tres condiciones: primero recolectar 290.000 firmas entre ciudadanos del censo electoral de Bogotá que hayan ejercido su derecho al voto en las elecciones que eligieron a Gustavo Petro. Segundo, que cumplida la anterior condición participen por lo menos 1.200.000 ciudadanos, y que de ellos la mayoría (mitad más uno) voten por revocar al Alcalde.
 Los bogotanos podemos participar en ambas iniciativas, mientras que los ciudadanos del resto del país y los que residen en el exterior, lo podrán hacer sólo en la iniciativa “Revoquemos el Congreso”, cuyo comité promotor está liderado por el Senador Camilo Ernesto Romero Galeano, en su calidad de vocero. Este es un pulso entre un Senador del Sector Independiente y un Representante a la Cámara del Partido de la Unidad Nacional, sobrino del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, quién ganará? Seguramente la democracia participativa.
 Nuevamente he diseñado una encuesta en Facebook, en la página “Agenda Independiente” donde invito a los lectores a participar respondiendo a la siguiente pregunta:
 “Existen dos procesos de revocatoria en curso, uno pretende revocar el Congreso de la República, y el otro revocarle el mandato al Alcalde Gustavo Petro, a qué proceso de revocatoria usted le ayuda a recoger firmas": Así estan los resultados.
72%      Apoyan la revocatoria al Congreso de la República.
7%        Apoyan la revocatoria del alcalde Gustavo Petro.
9%        Apoyan las dos revocatorias.
12%      No apoyan ninguna revocatoria.
 Participa copiando y pegando en tu ordenador el siguiente link