sábado, 19 de marzo de 2016

PAZ PARA LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON JUSTICIA SOCIAL

Autoridades Tradicionales indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, conscientes de la responsabilidad, política, cultural y territorial que entraña para los Pueblos Indígenas el proceso de Paz y Postconflicto en Colombia, ha desarrollado ejercicios con las Autoridades y Comunidades Indígenas en territorio para establecer un marco político cultural que oriente nuestra participación en dicho proceso. 

Nosotros hablamos de Paz para la Pervivencia de los Pueblos Indígenas con Justicia Social, buscando la articulación con nuestra cosmovisión sobre lo que es la paz, en aras de lograr el respeto a nuestros derechos territoriales y autonomía indígena. Estamos de acuerdo en que la paz debe ser construida desde los territorios y como pueblos indígenas ya tenemos un largo camino recorrido que no debe ser obviado ni desconocido. 

Hemos participado en otros procesos de paz como el que desencadenó en la Constitución de 1991 que consagró derechos fundamentales para los pueblos indígenas que aún son sistemáticamente vulnerados, entre otros, por los dos actores que se encuentran negociando los acuerdos de La Habana. 

Esperamos que el gobierno y las FARC hagan de estos diálogos una oportunidad para transformar su actividad caracterizada por la violencia hacia varios de nuestros pueblos, respetando los derechos constitucionales desde la negociación. Por eso consideramos que varias de las instituciones y figuras jurídicas que se van a desprender de estos acuerdos deben ser consultadas previamente con los pueblos indígenas y no se puede desatender nuestro gobierno propio ni nuestra tierra, ambos bastiones de paz de la territorialidad indígena. 

Las zonas de concentración y zonas de reserva campesina no deben ser figuras que atenten contra nuestros territorios. Esto solo llevará a la generación y acentuación de conflictos, como las consecuencias que se generaron en el resguardo de Tacueyó con motivo de la desmovilización del M-19, que hasta hoy sigue siendo territorio de discriminación y victimización. 

Respecto de las modificaciones realizadas en el Congreso a la Ley 148 de 1997 sobre el orden público, nos preocupa muchísimo que las salvaguardas territoriales sean para las zonas de cultivos ilícitos y las zonas urbanas y se haya dejado por fuera los territorios indígenas que según la misma Corte Constitucional están en riesgo de desaparición física y cultural y que han sido los más azotados por el conflicto armado. Sin desconocer que algunos asuntos a resolver en este proceso seguramente requieran de medidas coyunturales y asistencialistas bajo el consabido criterio institucionalista de enfoque diferencial, es necesario precisar que a nuestros Pueblos, más que enfoques para focalizar y resolver problemas determinados, nos interesa que se construyan concertadamente soluciones de Estado a través de Políticas Integrales Diferenciales de carácter permanente.

Expresamos que no hemos sido tenidos en cuenta en este proceso de la forma debida, particularmente en lo que atañe a los Acuerdos de La Habana, por eso seguramente nuestros intereses en el proceso pueden no coincidir y que varios de los asuntos que nos interesan hayan quedado por fuera de los acuerdos, sin embargo no dudamos un solo instante en trabajar aquellos asuntos que se enmarcan en dichos acuerdos pero sin dejar de lado aquellos que no fueron tenidos en cuenta pero que para nuestros pueblos constituyen una prioridad, lo cual supone la necesidad de generar más espacios participativos incluyentes. 

Nuestras Autoridades Indígenas identifican varios temas de importancia para nuestros Pueblos que caminan con Gobierno Mayor, que se abordarán en nuestra agenda y que relacionamos a continuación, como guía del trabajo a desarrollar en el proceso de Paz y Postconflicto en territorios y pueblos indígenas: 

 Paz para la pervivencia
 Refrendación, participación, monitoreo y veeduría de los acuerdos de La Habana y los Pueblos Indígenas.
 Restitución o compensación, dotación, permanencia y consolidación de los territorios indígenas.
 Gobierno propio, control territorial y recursos naturales
 Territorios indígenas y reservas campesinas
 Victimas indígenas del conflicto
 Indígenas desmovilizados, zonas de concentración y Jurisdicción Especial Indígena
 Conflictos interétnicos, convivencia política, cultural y territorial.
 Tipo de desarrollo y economía integral indígena en los territorios
 Proyectos productivos y acceso a créditos blandos en el postconflicto
 Gobierno indígena y alcaldes municipales en el postconflicto.
 Comisión para establecer la verdad y designación de comisionados.
 Procesos de memoria propia de los pueblos indígenas sobre el conflicto.
 Líneas especiales de financiación del postconflicto para pueblos indígenas que debe asumir el gobierno
 Garantizar plenamente el derecho a la consulta y consentimiento previos

1. PAZ PARA LA PERVIVENCIA: Necesitamos Paz para la pervivencia de los Pueblos Indígenas y poder seguir existiendo como pueblos con identidad cultural ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo nuestros deberes comunitarios. La permanencia cultural y la pervivencia espiritual, física y comunitaria será en el marco especial de la cosmovisión de paz que tiene cada Pueblo Indígena y no de la imposición de una visión unilateral. 

La construcción de la paz se hace desde nuestros territorios y no desde instancias capitalinas alejadas de nuestras realidades territoriales. Queremos y debemos participar en el proceso de paz y postconflicto con políticas y lineamientos propios construidos desde las bases de las Autoridades Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor y no desde acciones burocráticas inconsultas que sólo apuntan a beneficios económicos, de movilidad internacional y que dejan de lado los intereses genuinos de nuestros pueblos en territorio. 

Esto implica la reivindicación y goce de nuestros derechos fundamentales, el ejercicio de una gobernabilidad territorial con transparencia, equidad y justicia social, que garantice armonía y equilibrio comunitario, la construcción colectiva de una agenda consultada y concertada de paz y postconflicto, con escenarios y eventos garantizados por el Gobierno Nacional. 

2. REFRENDACIÓN, PARTICIPACION, MONITOREO Y VEEDURÍA DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Es muy importante la efectiva participación incidente de los pueblos indígenas en el proceso de paz y postconflicto con mecanismos propios y con las debidas salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas. Esto garantiza la legitimidad, seguridad, implementación y cumplimiento de los acuerdos de paz que nos beneficien. Gobierno Mayor no acepta la suplantación de su participación a manos de ninguna otra organización. 

Debemos utilizar pedagogías pertinentes desde las cosmovisiones de los pueblos en cuanto a la refrendación para la pervivencia y establecer criterios propios para ejercer el monitoreo y veeduría al proceso de paz y el postconflicto por los pueblos indígenas. Las pedagogías también serán para formación de jóvenes indígenas en la política propia, para la recuperación de la confianza y el perdón, para el empoderamiento en la reparación, no repetición, ni violación de nuestros derechos humanos y territoriales. 

3. RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN, DOTACIÓN, PERMANENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS. Para nuestros pueblos es prioridad la consolidación de los territorios indígenas a partir de los requerimientos de cada pueblo. Es urgente la titulación, saneamiento y ampliación de resguardos, la restitución de territorios ancestrales y la dotación o compensación de territorio para aquellas comunidades o pueblos que lo requieran.

El acceso a la tierra para Pueblos Indígenas requiere de la creación de un Fondo Especial de Tierras El cumplimiento de lo anterior, facilitará que haya armonía en nuestros pueblos, el retorno a los territorios y permanencia y garantías de acceso al territorio y a la tierra. 

4. GOBIERNO PROPIO, CONTROL TERRITORIAL y RECURSOS NATURALES. El proceso de paz y postconflicto es una buena oportunidad para fortalecer nuestra autonomía, los derechos territoriales y la construcción comunitaria de Mandatos Ambientales. 

Esto implica para nosotros el derecho a fortalecer los gobiernos propios, fortalecer la autonomía, fortalecer la Jurisdicción Especial Indígena no sólo con criterios occidentalistas, sino con auténticos principios de justicia indígena; realizar un ejercicio efectivo del control territorial, tener la propiedad, control y administración de los recursos naturales en nuestros territorios y regular internamente la exploración y explotación de dichos recursos. 

5. TERRITORIOS INDIGENAS Y RESERVAS CAMPESINAS. Para nosotros es muy importante establecer desde nuestros territorios, salvaguardas de protección territorial indígena respecto de las zonas de reservas campesinas, sobre la base de los principios políticos y culturales de los pueblos indígenas, a fin de prevenir futuros conflictos territoriales. 

6. VICTIMAS INDÍGENAS DEL CONFLICTO. Desarrollar mecanismos efectivos que posibiliten la materialización pertinente culturalmente de la ley de víctimas indígenas. Esto implica socializar de manera culturalmente pertinente a todos los pueblos la ley de víctimas indígenas (Decreto-Ley 4633/11) para la reivindicación integral de los derechos que consagra, construir concertadamente y desde los territorios indígenas, los mecanismos y herramientas que permitan hacer realidad la ley de víctimas indígenas, generar espacios de participación a pueblos indígenas en territorio para complementar y consolidar los derechos de las víctimas indígenas. 

7. INDÍGENAS DESMOVILIZADOS, ZONAS DE CONCENTRACIÓN Y JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA. Con nuestros hermanos indígenas que posiblemente puedan estar en situación de desmovilización, habrá que garantizar el retorno a su respectivo territorio si ello es lo aconsejable, con el goce efectivo de todos sus derechos; también habrá que construir comunitariamente salvaguardas de los territorios indígenas respecto de las zonas de concentración que al parecer se implementarán. 

El proceso de paz y postconflicto en este sentido, implica tener en cuenta el regreso de indígenas desmovilizados a su territorio de origen y vida comunitaria indígena, el fortalecimiento de las competencias de la Jurisdicción Especial Indígena para asumir casos de indígenas desmovilizados, diseñar salvaguardas de los territorios indígenas respecto de las zonas de concentración y realizar coordinación de la justicia indígena con el Tribunal de Paz en los asuntos logísticos que requiera la justicia propia. 

8. CONFLICTOS INTERÉTNICOS, CONVIVENCIA POLITICA, CULTURAL Y TERRITORIAL. Comunitariamente y en cada territorio, según la particularidad, se construirá un Mandato Especial para garantizar la convivencia interétnica. 

Los conflictos interétnicos y la convivencia política, cultural y territorial nos exigen la creación de instancias propias concertadas entre las partes para la solución de los conflictos interétnicos, las alianzas y unidad de acción para trabajar conjuntamente por objetivos políticos de interés mutuo, compartir experiencias de fortalecimiento identitario en el marco del respeto de la cosmovisión y cultura del otro, y concertar entre las partes, criterios de convivencia territorial. 

9. TIPO DE DESARROLLO Y ECONOMÍA INTEGRAL INDÍGENA EN LOS TERRITORIOS. Respecto del tipo de desarrollo y economía integral en nuestros territorios, la prioridad será la recuperación y fortalecimiento de los sistemas productivos propios, en el marco del modelo de desarrollo y economía integral especial indígena. 

Lo anterior requiere que se involucre en el postconflicto, entre otros, definir y consolidar el modelo de desarrollo y economía integral especial para pueblos indígenas, producción conforme a los sistemas productivos propios de cada pueblo, mercados internos y trueques conforme a los usos y costumbres de cada pueblo indígena, subsidio a la producción indígena propia y financiamiento estatal especial para la transformación y comercialización de la producción indígena propia 

10. PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCESO A CRÉDITOS BLANDOS EN EL POSTCONFLICTO. Los Pueblos Indígenas requerimos de facilidades financieras para proyectos productivos. Esto implica la necesidad de: Apoyo y financiación gubernamental a proyectos productivos orgánicos y sin transgénicos, recuperar y fortalecer los sistemas ancestrales de salvaguarda de semillas propias, créditos blandos concertados a largo plazo con intereses mínimos y pago una vez se inicie la producción, condonación de deudas por créditos en los eventos de pérdida de cultivos por fenómenos naturales.

11. GOBIERNO INDÍGENA Y ALCALDES MUNICIPALES EN EL POSTCONFLICTO. El gobierno nacional ha anunciado que los alcaldes municipales llevarán el mayor peso en los procesos del postconflicto. 

De nuestra parte, los acuerdos y concertaciones con los alcaldes municipales, respecto de la paz y el postconflicto, se harán en el marco de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Criterios posibles de entendimiento serán la concertación entre Alcalde y gobierno indígena sobre las inversiones y acciones municipales del postconflicto en territorio indígena y que las Alcaldías Municipales garanticen los derechos territoriales y fundamentales de los Pueblos Indígenas, especialmente en todo lo que atañe a la paz y el postconflicto. 

12. COMISIÓN PARA ESTABLECER LA VERDAD Y DESIGNACIÓN DE COMISIONADOS. Debemos crear un equipo investigativo propio de Gobierno Mayor para establecer la verdad del conflicto en los pueblos indígenas que caminan con Gobierno Mayor. Esta comisión interna participará con propuestas políticas diferenciales sobre la verdad del conflicto, respecto de la afectación a los pueblos indígenas y divulgará ampliamente los resultados de sus investigaciones. Los criterios político culturales de selección de los integrantes serán establecidos por los Coordinadores Nacionales de Gobierno Mayor 

13. PROCESOS DE MEMORIA PROPIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE EL CONFLICTO. La memoria del conflicto armado en nuestros territorios debe ser registrada en la respectiva lengua materna del respectivo pueblo afectado. Queremos trabajar casos emblemáticos de los pueblos que caminan los procesos de Gobierno Mayor, los impactos históricos que han generado para la marginalidad de nuestros pueblos y manifestar que los actos de reparación sean concertados previamente con Gobierno Mayor 

14. LINEAS ESPECIALES DE FINANCIACIÓN DEL POSTCONFLICTO PARA PUEBLOS INDÍGENAS QUE DEBE ASUMIR EL GOBIERNO 

 Paz para la pervivencia de los pueblos indígenas
 Consolidación del territorio indígena:
 Fortalecer la cosmovisión, identidad y cultura propia.
 Fortalecimiento estructural y organizacional de Gobierno Mayor.
 Derechos Humanos y víctimas indígenas
 Construcción de políticas integrales diferenciales para Pueblos Indígenas.
 Proyectos productivos acordes con la economía propia

15. GARANTIZAR PLENAMENTE EL DERECHO A LA CONSULTA Y CONSENTIMIENTO PREVIOS. La consulta y consentimiento previos cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que afecten a los Pueblos Indígenas, a pesar de ser un derecho fundamental, está siendo cada vez más vulnerado por agentes del Estado y por agentes irregulares que no permiten su aplicabilidad en toda su dimensión. 

En efecto, los grupos armados irregulares intervienen en algunos territorios indígenas cuando hay eventos de consulta previa, limitando la participación de los pueblos y presionando resultados que no son los sentidos por nuestros pueblos, por carencia casi absoluta de garantías para su realización como corresponde. 

Por otra parte, el Estado ejerce también presión institucional indebida en la concertación de la ruta metodológica de las consultas previas y por ello se han desarrollado consultas exprés, consultas relámpago y casi remedos de consulta aduciendo que no hay recursos suficientes para consultar en cada uno de los territorios a los 102 pueblos indígenas existentes en Colombia. 

Para nuestros pueblos es indispensable que se recuperen los estándares internacionales de consulta y consentimiento previo, que se garanticen todos los derechos en el ejercicio de la consulta respetando las formas propias de debates y toma de decisiones propias de los pueblos y sin injerencias externas indebidas. 

En lo que atañe al proceso de paz y postconflicto es irrenunciable nuestro derecho a la consulta previa en asuntos que inciden en nuestras formas de vida, cosmovisión, usos y costumbres, autonomía, gobierno propio, territorio, dignidad como pueblos, jurisdicción especial indígena, medidas de reparación, recursos naturales, ordenamiento natural ancestral, hábitat y entorno sociocultural. 

No queremos imposiciones de zonas de ubicación temporal en nuestros territorios, ni zonas de reserva campesina que vulneren nuestros derechos territoriales. Sugerimos que las concentraciones temporales se realicen en las grandes haciendas y propiedades de terratenientes, como paso previo a una reforma integral agraria. 

Bogotá D.C., marzo 16 de 2016.