jueves, 8 de agosto de 2013

Acuerdos de La Habana y la coyuntura electoral

Por Miguel Antonio Galvis


Ahora cuando el Presidente Juan Manuel Santos ha planteado ante la opinión pública que quiere reelegirse junto con su política de paz, es necesario plantear que son muchos los desafíos y retos que deben superar los acuerdos de la Habana, para llegar a buen puerto y ser exitosos.

Según lo planteado en la mesa, los acuerdos deben ser refrendados por los colombianos a través de un mecanismo de participación ciudadana: referendo o consulta popular propone el gobierno, o una asamblea constituyente proponen las FARC.

Esto quiere decir, que existirá un momento donde los que le apostamos a la paz negociada debemos argumentar porqué los acuerdos son convenientes, promoviendo el SI; y los detractores del proceso de paz, también tendrán que hacerlo para promover el NO. Pero quien finalmente definirá será el pueblo, los ciudadanos y ciudadanas, el constituyente primario. Eso está claro.

El contenido de estos acuerdos seguramente polarizarán al país, en ese proceso van a tener mucha incidencia los medios de comunicación, las iglesias, los gremios, las organizaciones sociales, los partidos políticos, los intelectuales, la academia, los generadores de opinión, los congresistas, los gobernadores y los alcaldes, quienes optarán por el SI o por el NO.

El adelantar unas reformas constitucionales a través de un referendo, tiene su antecedente en el impulsado por el ex-presidente Uribe en el año 2003, cuando gozaba de su mayor popularidad y con todo su capital político, únicamente fue aprobada una pregunta, de las 15 que se sometieron a consideración del pueblo, al superar el umbral del 25% del censo electoral que para la época fue de 6.267.443 votos válidos.

Con ese telón de fondo, los acuerdos de la Habana no se pueden evaluar por cuánto gana o cuánto sede cada sector (Gobierno o FARC), se trata de generar un acuerdo que sea aceptable y coherente para la construcción de un proyecto de reconciliación nacional. Deben ser unos acuerdos que permitan iniciar el tránsito hacia la construcción de una paz estable y duradera, durante un periodo que permita la reincorporación de los insurgentes a la vida civil, que posibilite operar a una comisión de la verdad, la reparación de las víctimas y que garantice incorporar al mundo rural a la vida institucional, que permita que cicatricen las heridas de décadas de guerra. Los acuerdos de la Habana deben ser aceptables para una guerrilla que se desmoviliza, pero también para la población rural y la sociedad en general. También deben involucrar y entusiasmar a la institucionalidad democrática que adoleciendo de muchos defectos, pueden encontrar en ellos, una oportunidad para revitalizarse, ser más incluyente, legitima, equitativa, plural y democrática.

Acortar los tiempos y minimizar los riesgos
Lo ideal para adelantar este proceso de paz, sería que pudiera ser realizado sin que esté atravesado por la reelección del Presidente Juan Manuel Santos, y en medio de una campaña electoral de Congreso de la República, porque se corre el riesgo que los actores políticos actúen teniendo en cuenta sus personales e inmediatos intereses y no el interés general de la nación y la sociedad en el largo plazo.

Me pregunto si fuera posible, que ese referendo constitucional iniciara su trámite en el Congreso el próximo 20 de julio, que las preguntas concretas estén definidas en Septiembre y que la Corte Constitucional realice la revisión antes de terminar el año 2.013, con el propósito de consultar al pueblo en el mes de febrero de 2.014.

En ese referendo, se podría incluir una pregunta que planteara la prohibición de la reelección presidencial y a cambio la ampliación del periodo de 4 a 6 años para el Presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, los congresistas, los diputados, los concejales y los ediles, hoy en ejercicio.

Esta fórmula, tiene un antecedente y es que el Presidente Santos planteó hace algunas semanas que le jugaba a la ampliación del periodo a 6 años, y renunciaba a la reelección. Luego rectificó su posición al analizar que esa figura se tramitaría por vía Congreso (acto legislativo) y los tiempos no daban.

Con esta fórmula, que podría salir de los acuerdos de la Habana y consultada al pueblo soberano; tendríamos un nuevo Congreso y nuevo Presidente de la República en el 2.016.  Ganando 2 años para materializar algunas reformas legales en un Congreso que no tiene en su interior, partidos políticos que obren abiertamente en contra del proceso de paz.

Se podría ampliar el actual Congreso con un número de Congresistas por Circunscripción Especial de Paz, para tramitar una agenda claramente delimitada en los acuerdos.

En la coyuntura actual, no hay garantías para la permanencia de las minorías políticas, las minorías étnicas y el pluralismo democrático. Se corre el riesgo de premiar a los sectores que se han aprovechado indebidamente de los recursos del Estado a partir de la corrupción, las alianzas perversas con contratistas e ilegales, así como del clientelismo; y en cambio se pueden sacrificar a los sectores políticos que han acogido las reglas de juego limpio, del no todo vale, de la transparencia y la política desde las ideas y las propuestas.

Finalmente creo que podría plantearse que luego de cumplidos los acuerdos (por ejemplo en 12 años), como un acto de reconciliación y de construcción de un proyecto de unidad nacional, podría acordarse desde ahora la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, como un punto de llegada de los acuerdos de la Habana.
* Director ejecutivo Instituto de Pensamiento Étnico, Social y Político, IPESP.