lunes, 24 de febrero de 2014

MERMELADA ELEVA EL COSTO DE LAS CAMPAÑAS



Por. Miguel Antonio Galvis *

La política sigue atrapada (secuestrada) por unas élites paracitas, que durante 16 años se turnaron el gobierno en el frente nacional, y por estos días aspiran a completar un cogobierno que llegaría  también a los mismos 16 años, de la Mesa de Unidad Nacional. Tenemos que reconocer, con pesar, que la Constitución de 1991 fracasó al intentar abrir espacios para la participación y la inclusión política en Colombia.

La clase política se acostumbró a vivir de las mieles de la burocracia, la contratación estatal y el lobby de las empresas nacionales y extranjeras que contratan, concesionan o dependen de regulaciones Estatales, caracterizándose por legislar en beneficio de sus intereses, los de los altos funcionarios del Estado, y de sus financiadores privados.

Por estos días las campañas políticas de los partidos de la Unidad Nacional, que se caracterizan por disponer de cuantiosos recursos económicos, se han mostrado escandalizados por los elevados costos de las campañas. Pues en la bolsa electoral que crearon, un líder local que en 2.010 pedía 5 millones por cada 100 votos obtenidos a favor de un candidato, hoy quiere 10 millones de pesos.

En términos prácticos, significa que el voto pasó de costar 50 mil a 100 mil pesos, esto quiere decir que si un Senador o Representante de la mermelada aspiran a mantener su curul, y debe contar con 30 mil votos, en el 2010 costaban 1.500 millones y en el 2014 costarán 3.000 millones de pesos. Como sube la canasta electoral para los pobrecitos candidatos de la mermelada, hay que considerarlos por estos días, a muchos no les alcanza lo que recibieron durante 4 años y deberán buscar contratistas que los apoyen y los endeuden, para que una vez reelegidos, lleguen a busca como pagar las deudas de sus campañas.

Hay que ser justos y decir que ese pago no le llega directamente a los electores, sus intermediarios, quienes negocian con los candidatos, generalmente son los ediles, comuneros, concejales, diputados, o lideres electorales reconocidos, son quienes a los electores les dan en el mejor caso una botella de aguardiente, una carne, una lechona, o en algunos casos una teja, un bulto de cemento, o los útiles escolares para los niños.

Con estas reglas de juego, un Senador o un Representante a la Cámara de la unidad nacional, tiene que buscar socios para entregarles la contratación de los institutos, las secretarías, las gerencias de entidades públicas que el Presidente de la República reparte para ganar mayorías en el Congreso y tener la consabida gobernabilidad de la mesa de unidad nacional.

Quiero recordarles a los candidatos, y a sus infatigables líderes electorales, el contenido del artículo 390 del Código Penal, que habla sobre la “corrupción de sufragante” y establece:

El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Invito a los electores a votar en libertad e independencia, por aquellos que su criterio les dicte, por los candidatos que esgrimen propuestas y son legítimos representantes de los sectores sociales, culturales, étnicos, políticos y económicos, quienes no invierten grandes cantidades de dinero en sus campañas. El voto en una democracia tiene un gran valor para castigar a los corruptos, para elegir a los mejores, pero no tiene precio, la compra de votos es ilegal y perversa para los ciudadanos.

Invito a denunciar a todo aquel que “entregue dinero o dadiva a un ciudadano para que consigne su voto en favor de determinado candidato”. Vamos a preguntarle al Fiscal General de la Nación si ha dispuesto una campaña de información y la infraestructura institucional suficiente para que los ciudadanos denuncien este comportamiento ilegal, que debilita la credibilidad en la institucionalidad democrática.

* Veedor Nacional del Partido Alianza Social Independiente, ASI.