Por. Miguel Antonio Galvis
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La política sigue atrapada
(secuestrada) por unas élites paracitas, que durante 16 años se turnaron el
gobierno en el frente nacional, y por estos días aspiran a completar un
cogobierno que llegaría también a los
mismos 16 años, de la Mesa de Unidad Nacional. Tenemos que reconocer, con pesar,
que la Constitución de 1991 fracasó al intentar abrir espacios para la
participación y la inclusión política en Colombia.
La clase política se
acostumbró a vivir de las mieles de la burocracia, la contratación estatal y el
lobby de las empresas nacionales y extranjeras que contratan, concesionan o dependen
de regulaciones Estatales, caracterizándose por legislar en beneficio de sus
intereses, los de los altos funcionarios del Estado, y de sus financiadores privados.
Por estos días las campañas
políticas de los partidos de la Unidad Nacional, que se caracterizan por disponer
de cuantiosos recursos económicos, se han mostrado escandalizados por los elevados
costos de las campañas. Pues en la bolsa electoral que crearon, un líder local
que en 2.010 pedía 5 millones por cada 100 votos obtenidos a favor de un
candidato, hoy quiere 10 millones de pesos.
En términos prácticos, significa que el voto pasó de costar 50 mil a 100 mil pesos, esto quiere decir
que si un Senador o Representante de la mermelada aspiran a mantener su curul, y
debe contar con 30 mil votos, en el 2010 costaban 1.500 millones y en el
2014 costarán 3.000 millones de pesos. Como sube la canasta electoral para los
pobrecitos candidatos de la mermelada, hay que considerarlos por estos días, a
muchos no les alcanza lo que recibieron durante 4 años y deberán buscar contratistas
que los apoyen y los endeuden, para que
una vez reelegidos, lleguen a busca como pagar las deudas de sus campañas.
Hay que ser justos y decir
que ese pago no le llega directamente a los electores, sus intermediarios,
quienes negocian con los candidatos, generalmente son los ediles, comuneros,
concejales, diputados, o lideres electorales reconocidos, son quienes a los
electores les dan en el mejor caso una botella de aguardiente, una carne, una
lechona, o en algunos casos una teja, un bulto de cemento, o los útiles
escolares para los niños.
Con estas reglas de juego, un
Senador o un Representante a la Cámara de la unidad nacional, tiene que buscar socios
para entregarles la contratación de los institutos, las secretarías, las gerencias
de entidades públicas que el Presidente de la República reparte para ganar mayorías
en el Congreso y tener la consabida gobernabilidad de la mesa de unidad
nacional.
Quiero recordarles a los
candidatos, y a sus infatigables líderes electorales, el contenido del artículo 390 del Código Penal, que habla sobre la “corrupción de
sufragante” y establece:
“El
que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero
habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado
candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de
hacerlo, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cien
(100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
Invito a los electores a votar
en libertad e independencia, por aquellos que su criterio les dicte, por los
candidatos que esgrimen propuestas y son legítimos representantes de los sectores
sociales, culturales, étnicos, políticos y económicos, quienes no invierten
grandes cantidades de dinero en sus campañas. El voto en una democracia tiene un gran valor para castigar a los
corruptos, para elegir a los mejores,
pero no tiene precio, la compra de votos es ilegal y perversa para los
ciudadanos.
Invito a denunciar a todo
aquel que “entregue dinero o dadiva a un ciudadano para que consigne su voto en
favor de determinado candidato”. Vamos a preguntarle al Fiscal General
de la Nación si ha dispuesto una campaña de información y la infraestructura institucional suficiente para
que los ciudadanos denuncien este comportamiento ilegal, que debilita la
credibilidad en la institucionalidad democrática.
* Veedor Nacional del
Partido Alianza Social Independiente, ASI.
Se mantiene el monopolio del poder político, a partir de la consolidación de lo que se podría llamar, el partido único gobiernista, el mismo que pactó alternancia en el poder durante el Frente Nacional, y que hoy lo hace, con la Mesa de Unidad Nacional.
1. Se producirá una fractura en las mayorías, por envalentonamiento de la ultraderecha que no acepta una salida negociada del conflicto armado, podría obtener el 10% de las curules del Congreso, dejando una mayoría del 75%, y un 15% que espero mantengan los sectores de izquierda democrática, las minorías y los sectores independientes.
2. La corrupción y el uso ilícito del poder político se fortalecen, la supremacía de los herederos de la parapolítica y el despojo de tierras se mantiene en buena parte de la geografía nacional, el voto de opinión también crece, pero se fracciona entre la izquierda democrática, los sectores independientes y la ultraderecha militarista.
3. El Congreso y el Estado seguirán secuestrados por los contratistas y los dineros de origen oscuro.
Algunas minorías políticas sobrevivirán y se mantendrán como alternativa ética para el futuro.
