Hoy cuando, el Señor Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, mediante la Resolución 8362 del 11 de octubre de 2012, reconoce como válidas 191.044 de las 201.313 firmas presentadas para inscribir el Comité Promotor del referendo constitucional “Revoquemos el Congreso”.
Este ejercicio de nueva ciudadanía, y de pedagogía política constitucional, viene siendo liderado por el Senador Camilo Romero Galeano, como vocero; junto con Renzo Alexander García Parra, Carlos Andrés Cardona Ramírez, Liliana Pardo Montealegre, Pierre Alee Pérez, Orlando de la Hoz García, Yuly Esmeralda Hernández Silva, Juan David Díaz Chamorro y Telemina Barrios Cuadros.
El Comité Promotor mayoritariamente integrado por jóvenes habitantes de diferentes partes del país, tendrá que recoger en un plazo de 6 meses un número cercano a 1.600.000 firmas, equivalentes al 5% de las ciudadanas y ciudadanos que integran el censo electoral.
Con el propósito de ambientar este proceso de pedagogía ciudadana y ejercicio alternativo de la política, el día de ayer, diseñé una encuesta en mi cuenta de Facebook, dirigida a los 2.000 amigos (contactos) con que cuento, quienes se expresaron activamente (más del 500) respondiendo a la siguiente pregunta “Por cuáles razones cree que se podría revocar el Congreso, mediante la creación de un mecanismo de participación ciudadana en la constitución política colombiana?”
Lo primero que llama la atención es que el ciudadano medio (los contactos del facebook), entiende con claridad y alguna profundidad, a qué nos referimos cuando utilizamos la expresión “revocatoria del congreso”. Curiosamente en la Constitución Política sólo aparece una vez el termino revocatoria, en su artículo 103, que determina: “son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.”
Por otra parte, la figura de la revocatoria del Congreso no es desconocida ya que fue ejercida en la historia reciente de Colombia, hace 22 años, durante el proceso de paz suscrito entre el Gobierno Nacional con el M-19, el EPL, el PRT y el Movimiento Quintín Lame, que produjo como resultado la desmovilización y reintegración de los insurgentes de esos grupos. Proceso de paz que desencadenó en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, en cuyo periodo de sesiones se produjo la revocatoria del Congreso, que por aquella época también gozaba de una baja popularidad entre los colombianos, por diversos escándalos de corrupción y clientelismo bipartidista.
El legislador, es decir los propios congresistas, en la expedición de la Ley 134 de 1994, la reglamentaron en el artículo 6, así: “la revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.” La Constitución no limita la revocatoria del mandato solamente a los alcaldes y gobernadores, luego podría entenderse como el ejercicio del tradicional poder del Congreso que legisla en su favor, el suprimir la revocatoria del mandato para los congresistas?
El texto del referendo aprobatorio que deberá presentar el comité promotor, puede ser entonces una reforma a la Ley 134 de 1994, o un Acto Legislativo que incluya la figura de la revocatoria del congreso en la Constitución Política Colombiana.
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Miremos el gráfico que expresa cuáles han sido las principales razones que mis amigos de Facebook, justificaron para reglamentar la revocatoria del Congreso. (El lector puede constatar y participar en el ejercicio aquí.
El 40% de los participantes creen que el Congreso legisla en beneficio propio o de los grupos de poder que los patrocinan; mientras que el 22.7% expresaron que lo revocarían por su incapacidad para reglamentar el ejercicio efectivo de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos que los eligen; y el 12.3% manifiesta que lo revocarían por elegir a funcionarios cuestionados para los órganos de control y defensa de los derechos de los ciudadanos. Por esta razón los partidos políticos y los congresistas deben evaluar el costo ante la opinión pública de la relección politiquera y burocrática del Procurador Ordoñez. Finalmente, los encuestados manifiestan no tener confianza en los actuales congresistas, por no ejercer su independencia del poder ejecutivo, creen que están cooptados y al servicio del gobierno en procura de beneficios personales.
Este ejercicio que no pretende ser representativo de la opinión publica nacional, me permite afirmar que existe un buen ambiente en la ciudadanía para que el Comité Promotor, en asocio de las organizaciones sociales y los partidos políticos independientes adelante exitosamente esta tarea de pedagogía y recolección de firmas.
Claro está que este ejercicio es muy diferente al realizado por el expresidente Álvaro Uribe, puesto que él estaba en el poder y contaba con inversionistas (con no muy claros intereses, quienes se volaron los topes y no pudieron justificar las cuentas), ese no se trató de un ejercicio ciudadano, pues contrataron a personas que les pagaban por cada firma recogida, haciendo de la política una empresa en su beneficio personal.
En cambio el ejercicio “Revoquemos el Congreso” es un ejercicio de voluntarios, sin poder económico ni burocrático, pero que tiene una gran legitimidad ciudadana y política en la construcción de una alternativa independiente para el país.
Adicionalmente, estará desarrollándose en paralelo al proceso de diálogos y negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC (ojala también con el ELN), ese puede ser un buen escenario, puesto que el actual Congreso pudiere no puede ser percibido como garante para adelantar las reformas sociales y políticas que pueden salir como acuerdos de la mesa de negociación.
Invito a los ciudadanos de a pie, a los estudiantes, a los trabajadores, a las amas de casa, en las ciudades, en las veredas, en los cuatro puntos cardinales, en todas las regiones y departamentos del país, a participar en este proceso de renovación política. Insto a los dirigentes políticos independientes nacionales (Antanas Mockus y Antonio Navarro), a los congresistas independientes, a los partidos y movimientos políticos del sector independiente, me refiero a la Alianza Social Independiente, ASI, a Progresistas, a Visionarios, a Centro Independiente, a Compromiso Ciudadano (hoy “Pido la Palabra”), y al sector del partido Verde que aún se reivindica como independiente, a apoyar decididamente este proceso ciudadano y de política alternativa.
Invito a pensar y escribir cuáles otras razones considera que pueden ser importantes para que se adelante este proceso de pedagogía ciudadana y de renovación política. Pero sobre todo, insto a todos los demócratas a recoger cada uno 1.000 firmas para renovar a Colombia.
